La manipulación del motivo de salida laboral puede acarrear graves consecuencias legales tanto para empleados como para empresas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) advierte que ocultar una baja voluntaria como un despido es considerado una infracción muy grave, lo que puede repercutir negativamente en el acceso a prestaciones por desempleo.
Efectos de un despido ficticio
Si un empleado abandona la empresa por decisión propia y posteriormente intenta hacer que su salida se clasifique como despido, está cometiendo un fraude. En situaciones así, el trabajador no tiene derecho a indemnización por despido, puesto que ha renunciado a su puesto. Sin embargo, la empresa todavía debe saldar deudas pendientes, incluyendo salarios y pagas extras al finalizar la relación laboral. Esta norma se aplica de la misma manera a los despidos disciplinarios que son considerados procedentes.
La concertación de un despido ficticio para obtener indebidamente prestaciones por desempleo se clasifica como una falta grave, de acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Como consecuencia, el trabajador puede perder su derecho a cobrar el paro, estar obligado a devolver las cantidades que recibió indebidamente y enfrentar una exclusión de un año para acceder a futuras ayudas. Por su parte, la empresa podría enfrentar multas que van desde 7,501 hasta 225,018 euros y perder privilegios en programas de empleo o formación.
Requisitos para acceder a prestaciones tras una dimisión
El SEPE precisa que los trabajadores que dimiten pueden acceder a prestaciones por desempleo si consiguen un nuevo trabajo que posteriormente culmina en situación de paro, siempre que se cumplan ciertos criterios. Las cotizaciones previas a la baja voluntaria pueden ser consideradas para calcular el derecho al desempleo si el nuevo contrato es finalizado por la empresa.
Es importante resaltar que, en este contexto, no se requiere un mínimo de tres meses de trabajo para optar a la prestación tras un despido del nuevo empleo. Sin embargo, si la empresa finaliza la relación laboral dentro del período de prueba posteriores a una dimisión, se necesitará haber trabajado al menos tres meses desde la baja voluntaria anterior para poder acceder a cobrar.
Existen otras circunstancias de salida laboral que también están protegidas, como las movilizaciones o la extinción a través del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos, donde hay incumplimientos graves por parte del empleador, los trabajadores pueden tener derecho a indemnizaciones.
Además, la legislación prevé situaciones en las que una trabajadora debe dejar su empleo debido a violencia de género o sexual, lo que también da derecho a recibir prestaciones. La reforma del artículo 50, que estará en vigor desde el 3 de abril de 2025, establece criterios claros para determinar el incumplimiento laboral, tales como el impago durante tres meses consecutivos o demoras en el salario.
Estas normativas buscan proteger los derechos de los trabajadores y prevenir fraudes en la obtención de prestaciones, asegurando que cada salida laboral sea abordada según su verdadera naturaleza y conforme a la legislación vigente.
