El proyecto de ley de ajuste fiscal ha sido presentado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a su gabinete. Este plan es fundamental para lidiar con la crisis económica que afecta al país y tiene como objetivo reducir el gasto público en un 15%, además de aumentar los ingresos del Estado mediante cambios en varios impuestos. Consta de 105 artículos y busca frenar el crecimiento de la deuda pública, además de fortalecer las finanzas del país. Las proyecciones indican que, para 2027, la deuda pública podría llevar al país a un déficit fiscal del 9,4% del producto interno bruto (PIB), cifra que el Gobierno califica como “insostenible”.
José Manuel Restrepo, vicepresidente, afirma que la intención es “salvar al país de la quiebra” y prevenir la pérdida de hasta 360.000 empleos. Esta propuesta se basa en la situación económica crítica heredada de la administración de Gustavo Petro, considerada por Restrepo como una “bomba de tiempo”. De la Espriella ha subrayado que las decisiones se orientan a proteger a los sectores más vulnerables y fomentar la inversión privada. Cabe recordar que actualmente un tercio de los ingresos fiscales se destina a pagar intereses de la deuda pública.
Detalles del ajuste fiscal
La “Ley de Rescate” se apoya en varias bases fundamentales. En primer lugar, prevé que un 70% del ajuste fiscal surja de la contención del gasto público, lo que implica recortes significativos en la contratación y revisiones presupuestarias. Se busca una reducción del 50% en los gastos de contratos de prestación de servicios para 2027, así como un 20% en los gastos de funcionamiento del Gobierno. Dentro de este marco, también se contempla la venta de activos públicos que se consideran “improductivos”.
Además, el plan tiene un componente social que propone devolver el IVA a 19 millones de colombianos con menores ingresos, quienes recibirían alrededor de 213.000 pesos mensuales (cerca de 67 dólares) a través de transferencias directas. Sin embargo, esta medida implicaría la eliminación de la tarifa reducida del 5% del IVA, que será incrementada al 19% para ciertos productos de primera necesidad, incluyendo alimentos básicos y materias primas agrícolas, como el café tostado. Esta decisión ha suscitado preocupaciones en la industria cafetera, que teme un impacto negativo en el consumo y en la economía de las familias productoras.
Iniciativas adicionales y críticas
El proyecto también contempla un aumento en las contribuciones al sistema de salud para empleados e independientes que ganen más de dos salarios mínimos, así como una reducción en la carga tributaria para las empresas. Se pretende que la tarifa del impuesto sobre la renta para sociedades disminuya del 35% al 33% en 2027 y al 31% en 2028, junto con incentivos para atraer inversiones al país. De la Espriella aclaró que el 10% más afortunado de la población asumirá una carga tributaria mayor.
Sin embargo, ha surgido oposición a este ambicioso plan. El senador Iván Cepeda ha señalado que el proyecto podría agravar la situación económica de los ciudadanos, afectando especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables mediante la imposición de impuestos a alimentos esenciales. Por su parte, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, ha rechazado la aplicación del IVA del 19% al café, enfatizando que, aunque el objetivo es estabilizar las finanzas, esta medida podría ser contraproducente y dañar la demanda del café colombiano, que ya ha experimentado aumentos en su precio.
El Gobierno afirma que este ajuste fiscal podría mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos (aproximadamente 16,2 millones de dólares) para 2027, y en más de 122 billones (38,8 millones de dólares) para 2030. A pesar del amplio rango de críticas y preocupaciones expresadas por diversos sectores económicos y políticos, el futuro de esta propuesta en el Congreso y su impacto en la economía colombiana aún está por definirse.