Un reciente informe elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha expuesto graves acusaciones contra los líderes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según este documento, se han perpetrado crímenes de lesa humanidad como parte de una estrategia para eliminar a la oposición política y asegurar su permanencia en el poder. Las denuncias incluyen un patrón alarmante de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y represalias políticas, a lo que el gobierno de Nicaragua ha respondido descalificando estas acusaciones como interferencia internacional.
Represión sistemática y crímenes de lesa humanidad
Desde que se inició la investigación en abril de 2018, se ha documentado un clima de represión destinado a suprimir cualquier resistencia política. Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, mencionó: “Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente”. En el informe se afirma que Ortega y Murillo han intensificado su represión para mantener el control, encarcelando o forzando al exilio a opositores, periodistas y líderes religiosos.
Privación de la nacionalidad como forma de represión
Uno de los puntos más preocupantes del informe es el uso de la privación de nacionalidad como herramienta de represalia política. Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad al ser considerados “traidores”, incluidos antiguos altos funcionarios del sandinismo y los candidatos a la presidencia de las elecciones de 2021. Esta situación ha dejado a muchos en condiciones de apatridia, ya que no poseen otra ciudadanía. Adicionalmente, el régimen ha ordenado la confiscación de propiedades de los afectados, lo que ha incrementado el ambiente de terror y despojo.
Desde 2018, más de 5.000 organizaciones, principalmente religiosas, han sido cerradas por el gobierno, lo que ha provocado un debilitamiento de la sociedad civil en el país. Asimismo, la investigación destaca una amplia política de vigilancia que afecta incluso a los nicaragüenses en el extranjero, fomentando un entorno de constante amenaza y monitorización.
Reacción del gobierno y posibilidades de justicia internacional
A pesar de las evidencias contundentes en el informe, el gobierno nicaragüense ha rechazado las conclusiones, calificando al Consejo de Derechos Humanos como “manipulado” y “obsoleto”. Este desdén es parte de la táctica habitual del régimen, que tiende a usar las críticas internacionales para alimentar una narrativa de agresión política por parte de enemigos externos.
Dada la seriedad de los hallazgos, el grupo de expertos ha solicitado a la comunidad internacional que eleve el caso de Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a posibles violaciones de convenios sobre la apatridia. Esta recomendación pretende establecer un mecanismo de responsabilidad internacional que aborde las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la represión que ha persistido en Nicaragua desde 2018.
Las acusaciones presentadas en este informe subrayan la creciente preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y cómo el gobierno ha implementado medidas extremas para erradicar cualquier oposición. La magnitud de los abusos documentados destaca la urgencia de una respuesta internacional coordinada y la necesidad de justicia ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.